Habría mejorado el proceso de libertad bajo fianza antes del juicio al exigir que el tribunal revise tanto el importe de la fianza fijada como si existen pruebas claras y convincentes de que el detenido supone un riesgo para la víctima, la seguridad pública o la fuga; habría exigido una revisión de las condiciones no monetarias para la puesta en libertad después de 60 días de cumplimiento.
