Habría forzado un impuesto estatal del 7,25 % sobre la venta de datos de usuarios a los anunciantes, también conocida como transacciones de extracción de datos, para las empresas que generan más de 2.500 millones de dólares al año por dichas ventas, y reasignado esos fondos a los medios de comunicación y periodismo locales de California.
